El Tribunal Supremo confirma que a UBER se le aplica la normativa de transporte.

Tras la Sentencia del TJUE, que dictaminó que UBER presta un servicio en el ámbito de transporte, el Tribunal Supremo ha aplicado dicho pronunciamiento en un recurso de casación.

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En 2015 la Generalitat de Cataluña impuso a UBER una sanción de 4.001 euros,  por la contratación como transportista y la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte.

La sanción fue recurrida por la empresa UBER en los tribunales, dictando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 17 de Barcelona una sentencia, en fecha 5 de octubre de 2016, que anulaba dicha sanción.

Contra esa sentencia la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Generalitat, aunque con la particularidad de que ordena retrotraer las actuaciones al Juzgado Contencioso de Barcelona, para que sea éste quien dicte una nueva Sentencia, teniendo en cuenta para ello todas las alegaciones de las partes.

¿Cómo es posible?

El Tribunal Supremo aplica una facultad que le otorga el art. 93.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa.

Art. 93 LRJCA.

La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación

Ahora bien, en esa nueva sentencia el Tribunal de Barcelona no podrá negar dos cuestiones que resuelve el Tribunal Supremo en su sentencia:

1º) Que la actividad desarrollada por UBER está sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

2º) Que le resulta de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley estatal.

Precisamente el punto 1) se basa en lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo el 20 de diciembre de 2017.

UBER es un servicio de transporte

Si se mantiene o no la sanción UBER dependerá ahora de lo que dictamine el Juez de lo Contencioso de Barcelona.

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