La vivienda familiar y la segunda oportunidad

La exoneración de las deudas (o mecanismo de segunda oportunidad), exige la previa liquidación de los bienes de la persona, salvo aquellos que tengan el carácter de inembargable.

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La vivienda familiar suele ser el principal (y quizá el único) activo de muchas familias que inician un proceso para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad.

El problema es que la concesión del denominado «beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho» (estos es, de la segunda oportunidad) exige que se liquiden los bienes de la persona en un procedimiento concursal.

Con esa liquidación se busca obtener dinero para pagar a los acreedores. Cuando no es suficiente para pagar todas las deudas entra en juego el mecanismo de segunda oportunidad.

Pero, ¿puede evitarse la liquidación de la vivienda familiar en el concurso de acreedores?

Si se trata de una vivienda libre de cargas (por ejemplo sin hipoteca), se trataría de un bien valioso y difícilmente podría quedar al margen de la liquidación.

Lógicamente la perdida de la propiedad puede ser un problema para la persona (aunque, por otro lado, si se le concede la segunda oportunidad podrá quedar limpio de todas o casi todas sus deudas), pero la Ley intenta proteger también los intereses de los acreedores.

Ahora bien, hay determinadas situaciones en que liquidar esa vivienda tampoco beneficiará a los acreedores:

Nos referimos al supuesto en que; (a) la vivienda se encuentre hipotecada y, por ende, no esté libre de cargas, (b) el valor del bien sea inferior a la deuda del préstamo que garantiza, y (c) la hipoteca se encuentre al día y pueda continuar abonándose.

En ese caso, ¿tiene algún sentido liquidar el bien cuando el dinero que se obtenga tiene que destinarse a pagar la deuda hipotecaria y no al resto de acreedores?

La Audiencia de Barcelona se ha pronunciado al respecto.

«(…) en principio no puede excluirse la vivienda habitual de la liquidación

(…) Ante esta circunstancia, aunque no se haya suscitado en el recurso, no es descartable que el valor de la garantía exceda del valor del bien o que resulte previsible que la enajenación en ningún caso cubrirá el crédito hipotecario. En este supuesto hemos de recordar que tras la reforma de 2015 es preciso consignar el valor de la garantía (artículo 155.5º). Si así fuera, teniendo en cuenta que el préstamo no se ha dado por vencido y que las cuotas se están abonando puntualmente, el juez podrá autorizar, previo traslado al titular del crédito y a los demás acreedores personados, que el bien no salga a subasta.

La entidad financiera titular de la garantía no se ha opuesto al recurso y seguramente estará interesado en que se mantenga vigente el crédito. La realización forzosa, por otro lado, tampoco beneficiaría al resto de acreedores.

En estas circunstancias parece que lo más razonable sería descartar la enajenación, pero dichas circunstancias deben ser comprobadas por el juez del concurso a partir de los datos que obren en el procedimiento, datos que no han accedido a la segunda instancia.

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