El acuerdo extrajudicial de pagos

En un post anterior expliqué el mecanismo de exoneración de deudas introducido recientemente por el Real Decreto-Ley 1/2015, conocido como de «Segunda Oportunidad». Para poder acogerse al citado mecanismo (denominado «beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho»), la Ley diferencia entre quienes previamente al «Concurso» hubiesen intentado con sus acreedores un «Acuerdo Extrajudicial de Pagos» de aquellos que no; estableciendo en uno u otro supuestos requisitos diferentes para acordar la liberación de la deuda.

Dicho así, podría parecer que el «acuerdo extrajudicial de pagos» no es más que un «paso» previo para lograr, en el posterior concurso de acreedores, la exoneración (liberación) de las deudas insatisfechas. En mi opinión, dicho instrumento también permitirá en muchos casos alcanzar convenios de pago con los acreedores, sin necesidad de acudir a la vía concursal y haciendo innecesario recurrir el mecanismo de segunda oportunidad.

¿Quiénes pueden iniciar el acuerdo extrajudicial de pagos?

Las personas naturales, sean o no empresarias, y las personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que se encuentren en situación de «insolvencia» o que prevean que no podrán cumplir regularmente con sus obligaciones.

Ahora bien, no podrán formular solicitud las personas:

(a) Que hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

(b) Que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

(c) Tampoco podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pago quienes se encuentren negociando con sus acreedores un «acuerdo de refinanciación» o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.

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Cuáles son los efectos del inicio del expediente.

  • El deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Ahora bien, se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad.
  • Los acreedores no podrán iniciar ni continuar, durante un plazo de 3 meses, ejecución judicial o extrajudicial. Se exceptúan los acreedores con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la actividad ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garantía recaiga sobre éstos, podrán ejercitar la acción real sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en este apartado. Tampoco podrán anotarse respecto a los bienes del deudor embargos o secuestros, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. 
  • Durante el plazo de negociación del acuerdo  y respecto a los créditos que pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses.
  • El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.
  • El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.

Los pasos  para alcanzar el acuerdo extrajudicial:

1º) SOLICITUD.

Difiere en función del tipo de persona. La persona natural no empresaria necesariamente tendrá que presentar la solicitud en una Notaría correspondiente a su domicilio. En caso de empresarios o entidades inscribibles la solicitud se dirigirá al Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. La persona jurídica o la persona natural empresario también podrán efectuarla a través de la Cámara de Comercio

2) NOMBRAMIENTO DE MEDIADOR CONCURSAL.

Figura asimilable a la del Administrador Concursal en el procedimiento de concurso de acreedores.

3) CONVOCATORIA A LOS ACREEDORES Y PROPUESTA DE ACUERDO.

Aceptado el cargo y comprobada la documentación aportada por el deudor el Mediador Concursal convocará a los acreedores a una reunión con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago, haciéndoles llegar una «propuesta de acuerdo».

Dicha propuesta podrá contener cualquiera de las siguientes medidas:

En caso de persona natural no empresaria:

a) Esperas por un plazo no superior a diez años.

b) Quitas.

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos.

El resto además:

d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se estará a lo dispuesto en el apartado 3.ii) 3.º de la disposición adicional cuarta.

e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

La propuesta incluirá un «plan de pagos», con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y de un «plan de viabilidad» y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un «plan de continuación de la actividad profesional o empresarial» que desarrollara. También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.

4) REUNIÓN CON LOS ACREEDORES.

Los acreedores convocados deberán acudir a la reunión, aunque no será necesario si en los 10 días anteriores manifiesten su aprobación u oposición con la propuesta. En caso contrario (con excepción de los que tuvieran constituidos a su favor una garantía real), de declararse posteriormente el concurso sus créditos se calificarán como subordinados.

La Ley permite que el plan de pagos y el plan de viabilidad puedan ser modificados en la reunión, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión.

Para alcanzar el acuerdo serán necesarias las siguientes mayorías, calculadas sobre el total del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo: 

– Voto favorable del 60 % del pasivo, para acuerdos que contengan esperas (de principal, intereses o cualquier otra cantidad adeudada) con un plazo no superior a 5 años, quitas no superiores al 25 %, o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

– Voto favorable del 75 % del pasivo, para acuerdos consistentes en esperas de entre 5 y 10 años, quitas superiores al 25 %, y a las demás medidas previstas en la Ley.

A qué acreedores vincularán los acuerdos.

En principio, sólo a los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real y a la parte de los créditos (con garantía real) que exceda del valor de la referida garantía.

Ahora bien, si el acreedor cuyo crédito goza de garantía real votase a favor del acuerdo éste vincularía a todo su crédito.

No obstante, los acreedores con garantía real que no acepten el acuerdo -por la parte de sus créditos que no excedan del valor de la garantía-, quedarán vinculados a las «quitas» y «esperas», cuando se acuerden por las siguientes mayorías sobre el valor total de las garantías otorgadas: (a) Del 65 % para «esperas» no superiores a 10 años; (b) Del 80 % para las «quitas».

Un ejemplo de acuerdo extrajudicial: Imaginemos una persona con una deuda total de 60.000 euros, correspondientes a 3 préstamospor valor de 12.000, 25.000 y 19.000 euros, respectivamente, y una tarjeta personal de 4.000 euros. PASIVO: - Acreedor A: 12.000 euros - Acreedor B: 25.000 euros - Acreedor C: 19.000 euros - Acreedor D: 4.000 euros TOTAL PASIVO = 60.000 euros (El 60 % del pasivo asciende a 36.000 euros y el 75 % a 45.000 euros). Imaginemos que contamos con el voto favorable de los acreedores B, C y D (en total 48.000 euros, que supone el 80 %, y por tanto, más del 75 %, lo que permite plantear "esperas" deentre 5 y 10 años y "quitas" superiores al 25 %). Pues bien, si se aprobase un plan de pagos con espera de 5 años y una quita del 50 %, supondría la devolución el pago de 30.000 euros (en lugar de los 60.000 euros) en un plazo de 5 años a razón de 6.000 euros anuales.

Qué sucede si no se alcanza un acuerdo extrajudicial

Si la propuesta no fuera aceptada por los acreedores, y el deudor continuara en insolvencia, el mediador concursal tendrá que solicitar inmediatamente al Juez competente la declaración de concurso, que el Juez acordará también de forma inmediata.

Finalmente, explico las particularidades del acuerdo extrajudicial de pagos en el caso de las personas naturales no empresarios:

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor. 
2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. 
3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase, si lo estimase conveniente pudiendo designar, en su caso, un mediador concursal. El nombramiento del mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días. 
4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución arancelaria alguna. 
5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 
6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél. 
7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) del artículo 236.1 LC (espera no superiores a diez años, quitas y cesiones de bienes y derechos a los acreedores). 
8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso. 
9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones. 
10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación.

Si estás pensando en acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad y buscas el asesoramiento de un abogado, puedes contactar conmigo en el correo electrónico; jraul@quintalegal.com o en el apartado CONTACTO de este blog.

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