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Las personas físicas (particulares, autónomos, profesionales y empresarios), que no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones de pagos (es decir, que se encuentre en situación de insolvencia), y que cumplan los requisitos establecidos en la Ley concursal.

Dependerá mucho de las circunstancias de cada caso. Aunque, por mi experiencia, podemos hablar de un plazo mínimo de entre 6 meses y 1 año. 

Lo normal es que la persona intento primero un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Y, si esto no es posible, deberá pasar por un concurso de acreedores, en el cual podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

El BEPI es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, la cancelación judicial de las deudas pendientes a la conclusión del concurso.

El primer requisito es ser deudor de buena fe:

1º)  Que el concurso no haya sido declarado culpable.  [No obstante, si esa culpabilidad se debe al retraso en la solicitud el Juez podrá acordar la exoneración atendiendo a las circunstancias del mismo].

2º)  Que la persona no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, en los 10 años anteriores al concurso.

Además, la ley exige el pago de determinados umbrales de la deuda:

3º)  Deberá haber abonado en el concurso todos los créditos contra la masa y privilegiados y, si reunía los requisitos para poder hacerlo, haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. [No obstante, si no intentó el el AEP podrá acogerse al beneficio si hubiera abonado además el 25% de los créditos ordinarios].

Alternativamente, el deudor de buena fe [1º) y 2º)] que no cumpla con el presupuesto objetivo [3º)], podrá solicitar el BEPI con sujeción a un plan de pagos (de la deuda que no quedaría exonerada), si cumple los siguientes requisitos:  (a) No haber rechazado en los 4 años anteriores al concurso una oferta adecuada a su capacidad, (b) No haber incumplido sus obligaciones de colaboración y de información durante el concurso, y (c) no haber obtenido este beneficio dentro de los 10 últimos años.

En ese caso, la persona deberá aceptar de forma expresa en su solicitud someterse al plan de pago que resulte aprobado por el Juez y que la concesión del beneficio se haga constar en el Registro Público Concursal durante 5 años.

En principio, la norma excluye el crédito público y por alimentos. 

Con todo, existe jurisprudencia favorable a que también puedan exonerarse (al menos, parcialmente, en el caso de del crédito público), en determinados circunstancias.

El concurso de acreedores comporta la liquidación del patrimonio del concursado. También de la vivienda en propiedad.  

Sin embargo, en determinados casos en que; (1) la vivienda se encuentre hipotecada, (2) el préstamo se encuentre al corriente de pago, y (3) el valor de realización sea inferior a la hipoteca, podría excluirse de la liquidación. 

Con todo, el riesgo de perder la vivienda siempre existe.