El contrato de sociedad

En la mayoría de los post del blog he utilizado la palabra “sociedad” para referirme a las “sociedades de capital” y, más concretamente, a la “sociedad anónima” (SA) y a la “sociedad de responsabilidad limitada” (SL), que son las formas más habituales en nuestro ordenamiento. Ahora bien, el termino “sociedad” esconde una realidad jurídica más compleja que trataré de resumir a continuación.

El concepto de sociedad.

La “sociedad” es definida por el Código Civil (art. 1665), como un “contrato”, por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Por tanto, cuando concurran estos elementos nos encontraremos ante una sociedad.

Antes de aprobarse el Código Civil (que data del año 1889), el Código de Comercio (de 1885) había recogido esta idea al regular el “contrato de compañías”, en el que dos o más personas se obligan a poner en fondo, común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro.

Con ello, se posibilita que un sujeto distinto a la persona natural (la sociedad) adquiera “personalidad jurídica” propia (aunque realmente no todas la tienen), lo que permite que puedan asumir obligaciones y se les atribuyan derechos. Por ejemplo, al suscribir un contrato de alquiler en nombre propio, en lugar de a nombre de sus socios.

Sociedad civil

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Las sociedades civiles y mercantiles.

Esta dualidad, entre el Código de Comercio y el Código Civil nos obliga a distinguir entre; “sociedades civiles” y “sociedades mercantiles“, dependiendo del objeto a que se consagren.

A su vez, dentro de cada una de estas categorías podemos diferenciar entre diferentes subtipos de sociedades, siendo, como hemos dicho antes, las más conocidas la “sociedad anónima” (SA) y la “sociedad limitada” (SL), que tienen la consideración de mercantiles.

El objeto social es la actividad que desarrolla la sociedad, considerándose mercantil las actividades comerciales o industriales, mientras que el resto de actividades se consideran civiles, incluidas las agrícolas, ganaderas, forestales o mineras o la actividad de carácter profesional.

Cuando ese objeto sea “mercantil” estaremos ante una “sociedad mercantil” y, por tanto, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, que exigen; (1) que se constituya mediante escritura pública y (2) se inscriba en el Registro Mercantil. En cambio, si su objeto fuese civil, estaríamos ante una “sociedad civil“, a la que no se le exige ni su inscripción en el Registro, ni una forma concreta para su constitución, salvo que se aporten a ella inmuebles o derechos reales, en cuyo caso sí será necesaria la escritura pública (art. 1667 del CC).

Ahora bien, a las “sociedades civiles” se les permite que puedan adoptar las formas reconocidas en el Código de Comercio. Serán, entonces,  “mixtas”, pues por su actividad tendrá un objeto civil, pero su forma será mercantil. El caso contrario (sociedades mercantiles con forma civil) no es posible. Y finalmente, con independencia de su objeto (civil o mercantil), cualquier SA o SL tendrá siempre la consideración de “mercantil”.

La aplicación practica de lo comentado.

La sociedad mercantil básica es la “sociedad colectiva“,  que a diferencia de la SA o la SL no limitan la responsabilidad de sus socios (que responden ilimitadamente de las deudas sociales), lo que en la practica hace desaconsejable su utilización, optándose preferiblemente por las anteriores.

En la practica han sido muy habituales las llamadas “comunidades de bienes empresariales” (o “sociedades civiles empresariales”), reconocidas por la Agencia Tributaria. Se produce entonces una cierta discrepancia, sobre el concepto de sociedad civil y comunidad de bienes, entre la legislación civil / mercantil (previamente analizada) y la normativa fiscal.

Esas “comunidades de bienes empresariales” permitían que sus socios tributarán directamente las ganancias derivadas de la actividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin tener que hacerlo previamente la sociedad en el Impuesto de Sociedades (IS). Sin embargo, las últimas reformas fiscales obligan a que estas “sociedades civiles con objeto mercantil” (como las define la Agencia Tributaria), tengan que tributar en el IS.

La Agencia Tributaria considera “sociedad civil con objeto mercantil” a aquellas que declaren como objeto social la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios, salvo la entidad que se dedique a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras o de carácter profesional. Tampoco se considera con objeto mercantil, aquellas cuya actividad sea pesquera.

Desde el punto de vista estrictamente civil / mercantil y no fiscal, estas sociedades son mercantiles (no son civiles), y en consecuencia, están sometidas a lo dispuesto en el Código de Cómercio

En definitiva, parece mucho más conveniente (aunque cada caso es distinto), sustituir estas “sociedades civiles con objeto mercantil” las cuales, como hemos dicho, desde este año 2016 tributan en el IS, por una SL.

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