Los vínculos con la empresa.

Cuando hablamos de “empresa” normalmente lo hacemos para referirnos a una “sociedad de responsabilidad limitada” (SL) o una “sociedad anónima” (SA), por ser dos de la formas jurídicas más habituales, aunque evidentemente no las únicas, para ejercer una actividad económica.

Centrándonos en el caso de las «sociedades de capital» (como una SL o una SA), entorno a las mismas encontramos diferentes personas vinculadas de una u otra forma con la empresa. Nos estamos refiriendo a los socios de la sociedad, sus administradores, los trabajadores de la empresa o los colaboradores externos, cuyo ligamen con la empresa puede ser de tipo «mercantil», «civil» o «laboral».

Cada caso tiene sus particularidades y estará sometida a una regulación propia de la rama del derecho en cuestión.

Sin embargo, a veces puede suceder que una misma persona tenga una doble vinculación con la empresa, por ejemplo de tipo mercantil (por ser socio de la sociedad) y de tipo laboral (como trabajador de la misma).

PERSONAL

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LOS SOCIOS

En el caso de los socios su vinculación con la sociedad deriva del conocido como “contrato de sociedad”, regulado por el derecho mercantil. Ese vínculo se consigue al obtener la persona la condición de socio, ya sea en el momento de la constitución de la sociedad o en un momento posterior, al adquirir acciones (de la SA) o participaciones sociales (de la SL).

Ser socio comporta únicamente la obligación de aportar a la sociedad el «capital social» correspondiente a las acciones o participaciones sociales de las que se es titular, pero no conlleva una obligación de trabajar para la empresa, a salvo de la existencia de alguna clase de «prestación accesoria» de hacer (que, en cualquier caso, tampoco tendría naturaleza laboral sino mercantil).

Ahora bien, nada impide que un socio persona física, pueda estar doblemente vinculado a la sociedad, por una relación de carácter laboral, articulada a través del correspondiente «contrato de trabajo» suscrito entre el socio-trabajador y la empresa.

LOS ADMINISTRADORES

Otro caso distinto son los administradores y miembros del órgano de administración (como un consejero delegado o CEO), cuyo vínculo con la sociedad es siempre de carácter mercantil.

Además, y dependiendo de lo que establezcan los estatutos sociales, para ostentar el cargo de consejero o administrador puede ser o no exigible la condición de socio. Por tanto, existen casos en los que una persona sea al mismo tiempo socio de la sociedad, administrador de la misma y ¿empleado de la sociedad?

A este respecto, no existe ningún problema con la doble condición de «socio» y «administrador» (ni como hemos visto antes con la de «socio» y «empleado»). El conflicto surge sobre si un administrador (cuyo nexo con la empresa ya hemos dicho que es de naturaleza mercantil), puede ser además trabajador y someter esa relación entre la empresa y el  administrador-empleado a la legislación laboral.

Pues bien, en supuestos de trabajadores-empleados la jurisprudencia excluye la existencia de la relación laboral, aunque la persona realice funciones de dirección y gerencia (que van más allá de las correspondientes a un administrador), pues entiende que esa «prestación de servicios» está expresamente excluida del ámbito laboral, y por consiguiente, es mercantil.

LOS EMPLEADOS.

Cuando hablamos de “trabajadores”, esto es, personas que voluntariamente presten sus servicios retribuidos, por cuenta ajena, y dentro del ámbito de organización de la empresa, la relación entre empresa y empleado se encuentra sujeta a las normas laborales. Lógicamente existen excepciones como la comentada para los administradores.

Un caso particular de relación laboral es el “personal de alta dirección” (por ejemplo un director general).

La Ley define como personal de alta dirección, aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativa a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas de las personas o de los órganos superiores de gobierno y administración.

COLABORADORES.

Con el termino «colaborador» se alude a aquellas personas que prestan algún servicios a la sociedad, sin que concurren los requisitos para entender que exista una relación laboral (ajeneidad, dependencia, poder de dirección y organización de la empresa).

Cuando ese colaborador externo es una “persona física” se tratará de un “trabajado autónomo”, es decir, aquel que realiza de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo.

Ahora bien, si ese autónomo presta servicios para la sociedad, concurriendo las características, antes comentadas, que son propias de una relación de tipo laboral, estaríamos ante un «falso autónomo» y un «fraude de ley», al que a veces han recurrido las empresas para no tener que hacerse cargo de las cotizaciones de ese “trabajador” o poder prescindir de éste más fácilmente (al eludir las normas laborales).

Como vemos, dependerá de cada caso que las relaciones entre la empresa y las personas vinculadas con ésta se sometan a la normativa propia de una u otra rama del derecho.

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