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La responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad

Los administradores de las sociedades de capital, órgano encargado de la gestión y representación, pueden en determinados casos incurrir en «responsabilidad personal» por deudas de la sociedad 

Existen diferentes tipos de responsabilidad de los administradores de la sociedad:

A) Responsabilidad por daños.

Esta responsabilidad nace como consecuencia de una incorrecta o negligente actuación del administrador de la sociedad, por ser ésta contraria a la Ley o a los Estatutos sociales, o bien, por actuar incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Art. 236.1. LSC.

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarias a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. 

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la Ley o a los estatutos sociales

El termino daño es un concepto amplio y, entre otros, puede englobar la pérdida económica sufrida por un acreedor al que la sociedad no le ha abonado un crédito.

Para que exista responsabilidad del administrador es necesario:

(1º) Acción (implica hacer algo) u omisión (dejar de hacer), imputable al administrador, que sea contraria a la Ley o a los estatutos o, que incumpla los deberes inherentes al cargo, siempre que haya intervenido «dolo» o «culpa» en la actuación.

(2º) Daño (como podría ser el que se le causa a un acreedor de la sociedad, por ejemplo un proveedor, por el impago de su factura).

(3º) Relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño ocasionado (esto es, que dicha actuación del administrador sea la causante directa del daño / impago de la deuda).

El Tribunal Supremo en la Sentencia nº 242/2014 de 23 de mayo de 2014 condena al administrador por el incumplimiento de sus funciones, si bien matiza el alcance de la acción de responsabilidad frente al administrador.

No es automática. Pero si se cumplen los requisitos exigidos por los Tribunales se abre la posibilidad de que los acreedores puedan reclamar judicialmente a los administradores el daño (impago) causado.

B) Responsabilidad por no disolver la sociedad.

Cuando la sociedad se encuentre en «causa de disolución» (ver arts. 360 y ss. LSC), el administrador está obligado a convocar, en el plazo de 2 meses la Junta general de socios y, a solicitar en el plazo de otros dos meses la disolución judicial, en caso de que el acuerdo social adoptado fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

Si los administradores incumplen estas obligaciones legales serán responsables directos de las deudas en que incurra la sociedad a partir de ese momento.

Art. 367 LSC.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

C) Responsabilidad concursal.

En caso de concurso de acreedores, los administradores sociales pueden ser condenados a pagar las deudas no satisfechas a los acreedores, siempre y cuando:

(1) el concurso sea calificado como culpable y,

(2) la actuación del administrador haya generado o agravado la insolvencia.

Art. 456.1 Texto Refundido Ley Concursal.

Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez, en la sentencia de calificación, podrá condenar, con o sin solidaridad, a la cobertura, total o parcial, del déficit a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o directores generales de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación en la medida que la conducta de estas personas que haya determinado la calificación del concurso como culpable hubiera generado o agravado la insolvencia.

D) Responsabilidad tributaria.

Finalmente, otro tipo de responsabilidad, pero fuera del ámbito civil, es la responsabilidad tributaria.



Art. 41.1. Ley General Tributaria (LGT)

La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos,se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley. 

(...) 

Art. 42. LGT Responsables solidarios 

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

(a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de la infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. 

(...) 

Art. 43 LGT Responsables subsidiarios: 

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en elpárrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiéndo estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. 

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. 

d) Los adquirientes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley.

e) Los agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes (...).

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación (...). 

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora comúncon éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas. 

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.