La responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad

Los administradores de las sociedades de capital, como órgano encargado de la gestión y representación, pueden en determinados casos incurrir en “responsabilidad personal” por las deudas sociales. En otras palabras, si eres administrador de una sociedad podrías ser condenado a pagar con tu propio patrimonio las deudas adquiridas por la sociedad que administra.

Responsabilidad administrador

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Los principales tipos de responsabilidad en que puede incurrir el administrador por deudas sociales son:

A)  Responsabilidad por daños

Este tipo de responsabilidad es consecuencia de una incorrecta o negligente “actuación” del administrador de la sociedad, por ser ésta contraria a la Ley o a los Estatutos sociales, o bien, por actuar incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Art. 236.1. Ley de Sociedades de Capital (LSC). Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

El término “daño” es un concepto amplio y, entre otros, puede englobar la “pérdida económica” que sufra un acreedor al que la sociedad no le ha abonado una deuda.

Para que existe responsabilidad del administrador le Jurisprudencia exige la concurrencia de una serie de elementos:

(1) Acción (implica hacer algo) u omisión (dejar de hacer), imputable al administrador, que sea contraria a la Ley o a los Estatutos o, que incumpla los deberes inherentes al cargo, siempre que haya intervenido “dolo” o “culpa” en la actuación.

(2) Daño (como podría ser el que se le causa a un acreedor de la sociedad, por ejemplo un proveedor, por el impago de su factura).

(3) Relación de causalidad entre la conducta del administrador de la sociedad y el daño (esto es que dicha actuación del administrador sea la causante directa del daño/impago de la deuda).

El Tribunal Supremo en la Sentencia nº 242/2014 de 23 de mayo de 2.014 condena al administrador por el incumplimiento de sus funciones, si bien matiza el alcance de la acción de responsabilidad frente al administrador:

Cuanto antecede obliga a señalar inmediatamente que no puede aplicarse de forma indiscriminada la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento en el marco de las relaciones obligatorias que nacen de los contratos, pues, como ha señalado esta Sala (STS 30 de mayo de 2008) supondría olvidar e ir en contra de los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que lo otorgan, como proclama el artículo 1.257 del C.C.

La responsabilidad de los administradores en ningún caso se puede conectar al hecho objetivo del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las relaciones contractuales, convirtiéndolos en garantes de las deudas sociales o en supuestos de fracasos de empresa que han derivado en desarreglos económicos que, en caso de insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u otras normas. Pero en el presente caso, la responsabilidad directa de los administradores proviene del carácter imperativo de la norma que han incumplido y de la importancia de los intereses jurídicos protegidos por dicha norma. Ello supone que incumbe a los administradores asegurarse del cumplimiento de esta exigencia legal, y que su incumplimiento les sea directamente imputable.

Por último, de acuerdo con lo expuesto y con la doctrina sentada por esta Sala, la acción individual de responsabilidad es una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los accionistas, socios y terceros, para recomponer su patrimonio particular (STS 11 de marzo de 2005), que resultó afectado directamente por los actos de administración (STS 10 de marzo de 2003), siendo los actos u omisiones constitutivos de esta acción idénticos a los de la acción social de responsabilidad, es decir, los contrarios a la ley, a los estatutos o los realizados sin la diligencia con la que los administradores deben desempeñar su cargo, con la diferencia que el daño (o la disminución patrimonial) no se ocasiona a la sociedad sino directamente a un tercero, que es el legitimado para el ejercicio de la acción que, cuando carece de fuerza ejecutiva, se suelen acumular las acciones contra ambos (STS 17 de diciembre de 2003).

No es una responsabilidad automática, pero si se cumplen los requisitos exigidos por la Jurisprudencia se abre la posibilidad para los acreedores de reclamar frente al administrador por el daño causado.

B)  Responsabilidad por no disolución de la sociedad

Si la sociedad se encontrase en “causa de disolución” (arts. 360 y ss. LSC) el administrador está obligado a convocar, en el plazo de dos meses, la Junta general de socios y a solicitar en el plazo de otros dos meses la disolución judicial, en caso de que el acuerdo social adoptado fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

Si los administradores no cumplen con estos deberes impuestos por la Ley, serán entonces responsables directos de las deudas en que incurra la sociedad a partir de ese momento.

 Art. 367 LSC. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. 2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior. 

C)  Responsabilidad concursal

En caso de concurso de acreedores, los administradores sociales pueden ser condenados a pagar las deudas no satisfechas a los acreedores, siempre y cuando:

(i) El concurso sea calificado como “culpable” (es decir, que en la generación o agravación del estado de insolvencia de la sociedad hubiera mediado dolo o culpa grava),

y

(ii) En la medida que la actuación del administrador haya generado o agravado dicha insolvencia.

 Art. 172 bis 1. Ley Concursal (LC). Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso

D)  Responsabilidad tributaria

Finalmente, otro tipo de responsabilidad, pero fuera del ámbito civil, es la responsabilidad tributaria.

Art. 41.1. Ley General Tributaria (LGT) La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos,se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley. (...) Art. 42. LGT Responsables solidarios 1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: (a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de la infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. (...) Art. 43 LGT Responsables subsidiarios: 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: a) Sin perjuicio de lo dispuesto en elpárrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiéndo estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. d) Los adquirientes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley. e) Los agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes (...). f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación (...). g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora comúncon éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas. h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

 

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