La patente y el modelo de utilidad

La “patente” y el “modelo de utilidad” se engloban dentro de la propiedad industrial que en nuestra legislación se diferencia de la propiedad intelectual y suponen instrumentos para la protección de las creaciones técnicas o invenciones.

Actualmente la «patente» y el «modelo de utilidad» se regulan en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, aunque el 1 de abril de 2017 entrará en vigor la Ley 24/2015, de Patentes, que introducirá en nuestro sistema de propiedad industrial varias modificaciones significativas

Este post, dada su fecha de redacción, se basará en la normativa actual, esto es, la Ley 11/1986.

PATENTE

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LA PATENTE

La patente podemos definirla como un derecho que se otorga al inventor o a sus causahabientes para poder explotar en exclusiva una invención durante un periodo de tiempo.

A diferencia de los «derechos de autor» (Propiedad Intelectual), que se reconocen automáticamente por la mera creación de una obra literaria, artística o científica, en el ámbito de las «creaciones técnicas» (Propiedad Industrial), como son las patentes y los modelos de utilidad, el nacimiento de los derechos requiere siempre su previo reconocimiento y registro.

En España por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En otras palabras, para proteger una “invención” se deberá solicitar la concesión de la patente, o en su caso, de un modelo de utilidad.

La Ley dice que son patentables las (a) “invenciones nuevas”, que impliquen; (b) “actividad inventiva” y (c) sean susceptibles de “aplicación industrial”, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o tenga “materia biológica”, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

Requisitos:

a)  Invención nueva: Aquella no comprendida en el “estado de la técnica”, entendiéndose por estado de la técnica el constituido por lo que antes de la fecha de presentación de la patente se ha hecho accesible al público en España o el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

b)  Actividad inventiva: Que la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

c) Aplicación industrial: Cuando la invención puede ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Ahora bien, la ley recoge excepciones, que impiden que la invención pueda ser patentada.

A) Por negarles la condición de invenciones: (i) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, (ii) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, (iii) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores, o (iv) Las formas de presentar informaciones.

B) Por no considerarlas susceptibles de aplicación industrial: Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnostico aplicados.

C) Por prohibición expresa (aunque con ciertos matices): (1) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres (por ejemplo los procedimiento de clonación de seres humanos), (2) Las variedades vegetales y las razas animales, (2) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales, o (4) El cuerpo humano en los diferentes estadios de constitución y desarrollo.

Sobre las clases de patentes, podemos diferenciar entre PATENTE DE PRODUCTOS (cuando la invención consiste en un objeto o sustancia nuevo) y PATENTE DE PROCEDIMIENTOS (cuando tiene por objeto un procedimiento nuevo para la fabricación de un producto o sustancia ya conocidos).

EL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad también otorga un derecho de protección de una invención, aunque de un menor rango inventivo que la patente.

Así, como modelo de utilidad, podrán protegerse las “invenciones” “nuevas” que impliquen “actividad inventiva”, consistente en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En particular, los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los requisitos antes comentados.

Nos encontramos, por consiguiente, ante invenciones que recaen necesariamente sobre objetos, no siendo posible (como sí que sucede con la patente), proteger las invenciones de procedimiento con un modelo de utilidad.

Finalmente, debemos señalar que un modelo de utilidad otorga un periodo temporal de protección de 10 años (a contar desde la fecha de su solicitud), frente a los 20 años de protección que supone la concesión de una patente.

Las cláusulas suelo y las conclusiones del Abogado General

Aunque en sus conclusiones el Abogado General rechaza que limitar los efectos de la nulidad de las clausulas suelo (tesis mantenida por nuestro Tribunal Supremo) sea contraria al derecho comunitario sobre consumidores y usuarios, no debemos pasar por alto el hecho de que se trata de una opinión no vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Eurpoea

Como nos recuerda el Tribunal en su comunicado de prensa: «Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior».

Por consiguiente, y aunque es cierto que el Tribunal de Justicia generalmente sigue en sus sentencias el criterio del Abogado General, entra dentro de lo posible que finalmente se dicte una resolución en sentido contrario a lo concluido por éste. La sentencia se espera antes de final de año.

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Sobre la problematica jurídica acerca de las “clausulas suelo” me he referido en diferentes posts.

La situación de las cláusulas suelo hasta el 9 de marzo de 2013.

Hasta el año 2013 la discusión principal, respecto a las cláusulas suelo incorporadas a contratos con consumidores, se centraba en determinar si este tipo de cláusulas podían o no ser declara nulas por abusivas y en qué condiciones lo eran.

Sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula, parecía más o menos claro que las entidades financieras tendrían que devolver todas las cantidades abonadas de más por el cliente, ya que en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 1.303 del Código Civil prevé que declarada la nulidad de una obligación; “los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato con sus frutos, y el precio con intereses”.

Esta idea, además, se refuerza además con que la Jurisprudencia Comunitaria haya manifestado de forma reiterada que el Juez nacional no puede “integrar” (es decir, moderar), una clausula declarada nula al amparo de la normativa de consumidores y usuarios.

La situación de las cláusulas suelo a partir del 9 de marzo de 2013.

En fecha 9 de marzo de 2013 el Pleno del Tribunal Supremo dictó su famosa sentencia sobre las cláusulas suelo, en la que consideró que las mismas pueden ser declaradas nulas por su falta de transparencia (en la practica todas), aunque limitó los efectos de dicha declaración de nulidad.

Así en esta y posteriores sentencias el TS fijo la siguiente doctrina:

Cuando se declare abusiva una clausula suelo y, por ende, su nulidad; procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha clausula a partir de la publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Esta doctrina conlleva que declarada la nulidad de la cláusula por su falta de transparencia, el Juez sólo pueda condenar a la entidad financiera demandada a devolver las cantidades pagadas de más por el cliente desde el 9 de mayo de 2013, pero no aquellas anteriores a esa fecha.

Los motivos aducidos por el Tribunal Supremo los explico en este Post.

Las cuestiones prejudiciales planteadas por diferentes tribunales españoles.

Tras estas sentencias diversos Jueces españoles han planteado una «cuestión prejudicial» al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que determine si la antes comentada «limitación de los efectos de la nulidad» (la tesis mantenida por el Tribunal Supremo), es compatible con la normativa europea de protección de los consumidores y usuarios.

La responsabilidad en vehículos autónomos

La semana pasada (junio de 2016) conocimos el caso del primer accidente mortal en Estados Unidos de un vehículo «autónomo», concretamente un TESLA modelo S, integrado con la función denominada «Autopilot».

En realidad, técnicamente, no podemos hablar de un coche autónomo (esto es, que se conduzcan sin el control activo del conductor, sustituyéndolo completamente), sino de un sistema de «conducción asistida» (quizá, algo más desarrollados que los convencionales).

En mi opinión, esta primera distinción resulta fundamental a la hora de valorar las posibles responsabilidades civiles o penales de las partes implicadas en el accidente; por un lado el propio conductor accidentado, y por otro, del fabricante del coche que ha incorporado esa tecnología de «asistencia al conductor» y/o de «conducción autónoma».

Evidentemente, dependiendo de la actuación del conductor del otro coche implicado, también podríamos hablar de responsabilidad de este último.

Resulta ciertamente llamativo el comunicado realizado por TESLA poco después del accidente, en el que manifiesta que su «autopilot» (piloto automático) es una tecnología nueva en fase beta, y que se trata de una «función de asistencia» que requiere su activación por el conductor, y que éste continue, en todo momento, con las manos sobre el volante y mantenga el control y responsabilidad del vehículo.

En España la definición de «vehículo autónomo» la encontramos en la Instrucción 15/V-113, de fecha 13 de noviembre de 2015:

a) Vehículo autónomo: “Todo vehículo con capacidad motriz equipada con tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada, de forma permanente o temporal”.

b) Modo autónomo: “Modalidad de conducción consistente en el manejo o conducción del vehículo autónomo sin control activo del conductor cuando su tecnología autónoma está activada”, mientras que en el modo convencional  esa tecnología autónoma está desactivada y su conducción o manejo exige el control activo del vehículo por un conductor.

car crash

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En el caso del accidente del TESLA modelo S, según la información publicada en distintos medios; (1) el conductor había activado el modo «autopilot» y (2) se encontraba viendo una película en el momento de la colisión. (3) También parece que el citado piloto automático falló, al no detectar el camión que tenía delante, y con el que acabo colisionando, no accionando en ningún momento los sistemas de frenado automático del vehículo.

Normativa sobre el coche autónomo

¿Puede hablarse entonces de responsabilidad del fabricante?

Lo que parece evidente es que no existiendo un verdadero sistema de conducción autónomo, el conductor del vehículo sigue siendo el responsable de controlar más o menos aspectos de la conducción (algunos se delegan al piloto automático). Pero en todo caso, continuará siendo siempre el responsable de supervisar la conducción del vehículo.

Esta parece ser la linea de defensa que seguirá TESLA para eludir cualquier responsabilidad.

Ahora bien, también tendrá que valorarse en qué consisten realmente esa tecnología («autopilot») ofrecida por el fabricante, que quizá en atención a la publicidad de la marca se ha llegado a equiparar en la mente del consumidor con un sistema de conducción autónomo, o si han podido existir fallos de diseño y errores al no haber detectado el  sistema el vehículo con el que colisionó.

La regulación actual en España.

En el caso de España, nuestra legislación actual considera que el conductor del vehículo es responsable, en virtud del «riesgo creado por la conducción», de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la conducción.

Texto Refundido de la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Vehículos a Motor

«El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y ss. del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta Ley.

Obviamente, esta normativa no prevé específicamente el supuesto un accidente provocado por un coche autónomo, donde el conductor no tiene intervención activa ni obligación de supervisar la conducción (imagínese, por ejemplo, un modelo de taxi completamente robotizado sin conductor humano).

Si bien, es evidente que el propietario del vehículo tendrá que responder de los daños causados (posibilidad que ya prevé nuestra legislación respecto al coche no autónomo), además de la posible responsabilidad del fabricante por fallos en el diseño de los sistemas de conducción.

Los Jueces de Barcelona unifican criterios sobre la Segunda Oportunidad

El pasado 15 de junio de 2016 los Jueces de lo Mercantil y del Juzgado de Primera Instancia nº. 50 de Barcelona celebraron un seminario para unificar criterios sobre la interpretación del art. 178 bis de la Ley Concursal, que  regula el mecanismo de «exoneración del pasivo insatisfecho», comúnmente conocida cono la «segunda oportunidad».

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, que modificó la Ley Concursal, e introdujo la posibilidad de que el Juez pueda exonerar las deudas de una persona física, he escrito varios post tratando de explicar este mecanismo de segunda oportunidad, cuáles son los requisitos para obtener la eliminación de las deudas, qué pasos hay que seguir, etc.

Con todo, es evidente que tratándose de una regulación completamente nueva, serán las resoluciones judiciales, especialmente de los Tribunales Superiores, las que irán dando forma a determinadas cuestiones de la Ley sujetas a varias interpretaciones, como por ejemplo si el famoso crédito público es exonerable o no.

Criterios Jueces

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A este respecto destaco dos conclusiones alcanzadas por los Jueces:

1)  Sobre la exigencia de la liquidación de los bienes del concursado:

«Se podrá valorar que no sea necesario, para acordar la exoneración, que los bienes y derechos sujetos al pago de créditos con privilegio especial sean objeto de realización siempre y cuando conste que se está atendiendo su pago con cargo a la masa, que se pueden abonar todos los créditos contra la masa y que el valor de la garantía es superior al valor razonable del bien sobre el que está constituido la garantía».

Esto se puede aplicar al supuesto de un préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar (principal pasivo de las familias), que el concursado ha continuado abonando (el préstamo contra vivo), y tiene previsión de poder continuar pagándolo, siempre y cuando el valor de la citada garantía (la hipoteca) sea superior al propio valor del bien (el inmueble).

2) Sobre los efectos de la exoneración y el crédito publico:

«Si se cumplen los requisitos previstos en el art. 178 bis 3, número 4º, la exoneración es definitiva y alcanza a todo el pasivo concursal no satisfecho con la masa activa, así como a los créditos ordinarios y subordinados, aunque no hubieran sido comunicados, al no establecer la LC limitación alguna en cuanto a su alcance«.

Es decir, se prevé que los efectos de la exoneración definitiva (en este caso alcanzado por la vía rápida del art. 178 bis 3, número 4º de la LC) alcancen al crédito público.

A igual solución podrá llegarse por la vía del art. 178 bis 3, número 5º (prevista para el supuesto que el concursado no cumpla con los requisitos para la vía anterior). Esta segunda vía consiste en una «exoneración provisional», -donde no se incluirán los créditos de derecho público-, y la posibilidad de alcanzar la «exoneración definitiva» (cumpliendo con los requisitos expresados en el precepto) en la que sí que se incluiría la exoneración del crédito público.

Principales conceptos en la contratación con consumidores

En los últimos años la protección de los consumidores y usuarios al contratar bienes y servicios con un empresario, y especialmente en el ámbito bancario, ha ganado un fuerte protagonismo. Así los términos “contrato de consumo”, “consumidores y usuarios”, “condiciones generales de la contratación”, o “cláusulas abusivas” se utilizan continuamente.

Contrato Consumo

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Pues bien, en este post tratare de explicar brevemente algunos de estos conceptos:

–  Consumidores y usuarios: Son las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión (un caso claro, la persona que solicita a un banco un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda).

Asimismo, pueden ser consumidores y usuarios las personas jurídicas (como una sociedad limitada) y las entidades sin personalidad jurídica (por ejemplo una Comunidad de Propietarios), siempre y cuando actúen; (1) sin ánimo de lucro, (2) en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

*Antes de que se modificara la Ley General de Consumidores y Usuarios (en 2014) el concepto de consumidor se aplicaba a cualquier persona jurídica que actuase en el ámbito ajeno a su actividad.

Empresarios: Son las personas físicas o jurídicas (privadas o públicas), que actúen directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

–  Contratos de consumo: Podemos definirlos como aquellos en  los que una de las partes que lo suscribe tiene la condición de consumidor y usuarios y otra la consideración de empresario.

Condiciones Generales de la Contratación: Son cláusulas «predispuestas» en un contrato y cuya incorporación es impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otra circunstancia, habiendo sido redactada con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Es decir, son cláusulas prerredactadas (y que normalmente será todo el contrato), y que se utilizan en multitud de contrataciones, como sucede con las condiciones de contratación de los suministros del hogar.

–  Contratos de adhesión: Son aquellos contratos impuestos por una de las partes («lo tomas o lo dejas»), en el que la otra parte no ha tenido la posibilidad de influir en su contenido.

Estos contratos pueden contener condiciones generales (cláusulas prerredactadas y utilizadas para más de un contrato) o haber sido redactado específicamente para ese acto. En cualquier caso, lo que caracteriza el contrato de adhesión es la imposición de su articulado por una de las partes.

–  Cláusulas abusivasEn la contratación con consumidores y usuarios se consideran abusivas todas las estipulaciones no negociadas individualmente y las practicas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, y siempre en perjuicio del consumidor y usuario, causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes.

Además, -especifica la Ley de Consumidores y Usuarios-, serán en todo caso abusivas las que:

a) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario.

b) Limiten los derechos del consumidor y usuario.

c) Determinen la falta de reciprocidad del contrato

d) Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba.

e) Resulten desproporcionadas o le impongan debidamente la carga de la prueba.

f) Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Si una cláusula es abusiva, entonces no vincula al consumidor y usuario, aunque el contrato seguirá existiendo mientras éste pueda subsistir sin dicha cláusula abusiva.