Normativa sobre el coche autónomo

Recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT) ha autorizado, por primera vez, la realización de pruebas o ensayos de investigación, en carreteras abiertas al tráfico en general, con el denominado «coche autónomo» (o vehículos de conducción automatizada), es decir, aquellos  que pueden circular sin necesidad de conductor.

Se trata de la Instrucción 15/V-113, de 13 de noviembre de 2015, que en virtud de lo dispuesto por el art. 47 del Reglamento General de Vehículos posibilita que la DGT pueda conceder “autorizaciones especiales” para la realización de pruebas o ensayos de investigación extraordinarios.

Pueden solicitarla; (a) fabricantes de vehículos autónomos, (b) sus fabricantes de segunda fase y (c) los laboratorios oficiales.

Igualmente, se entenderán legitimados para su solicitud; (d) los fabricantes o instaladores de la tecnología que permite al vehículo plena autonomía, (e) las universidades y (f) los consorcios que participen en proyectos de investigación en los términos descritos en la presente instrucción.

Coche autónomo

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A los efectos de la instrucción se define un vehículo autónomo como; «todo vehículo con capacidad motriz equipada con tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada, de forma permanente o temporal”.

Por modo autónomo se entiende la “modalidad de conducción consistente en el manejo o conducción del vehículo autónomo sin control activo del conductor cuando su tecnología autónoma está activada”, mientras que en el modo convencional  esa tecnología autónoma está desactivada y su conducción o manejo exige el control activo del vehículo por un conductor.

En definitiva, no estamos todavía ante una normativa que regule la conducción con vehículos autónomos en general, sino autorizaciones excepcionales para la realización de pruebas, que estarán sometidas siempre a la previa autorización de la DGT.

 

Recomendaciones sobre el uso doméstico de drones

Los «drones» seguramente están llamados a ser uno de los regalos estrellas de estas Navidades, pero hemos de ser conscientes de que aunque lo utilicemos como un mero «juguete», no dejan de ser «aeronaves» desde un punto de vista legal.

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¿Qué son los drones?

Los «drones» son aeronaves civiles de distintos tamaños y pesos pilotadas por control remoto, las cuales pueden utilizarse en ámbitos muy diferentes, como por ejemplo el rodaje de una película, el control de los cultivos, etc.

Cuando los «drones» se utilizan como herramienta de trabajo están sometidos a una normativa específica de reciente aprobación, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.

Esta norma regula de forma temporal aspectos tales, como el régimen jurídico aplicable a dichas aeronaves o a las operaciones y actividades que se pueden realizar con éstas, los requisito para poder pilotarlas, etc.

Si quieres saber más sobre la regulación de done para uso profesional puedes leer este post.

Pero, ¿qué sucede con los drones en el ámbito doméstico, es decir, su uso como una mera afición o pasatiempo?

Para esos casos, la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea (AESA), ha publicado una serie de recomendaciones en las que nos advierte que aunque el «dron», cuando se utiliza como hobby o en vuelo recreativo, no necesita habilitación de la AESA, no estamos ante un juguete sino una aeronave.

Según la AESA antes de utilizar el dron debes saber que:

1)   El dron siempre tiene que estar a la vista y no superar los 120 m. de altura.

2)   No es necesario ser piloto pero se debe saber volar con seguridad.

3)  Sólo se pueden volar los drones en zonas adecuadas para ello, como por ejemplo, zonas de vuelo de aeromodelismo o zonas despobladas.

4)   Los daños que se causen son responsabilidad de quien lo maneja.

Lo que no se puede hacer con el dron según la AESA.

a) No se puede volar en zonas urbanas.

b) No se puede volar sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones, etc.

c) No se puede volar de noche.

d) No se puede volar cerca de aeropuertos, aeródromos, etc.

d) No se puede volar sonde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura (zonas de parapente, paracaidismo, aeródromos, helipuertos, etc).

e) No se puede poner en peligro a terceros,

Finalmente la AESA recuerda que el uso indebido de una aeronave drone puede comportar multas de hasta 225.000 euros.

La Comisión Europea se pronuncia sobre las cláusulas suelo.

La Comisión Europea se ha pronunciado a favor de la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, en el asunto prejudicial C-154/15, que tramita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a petición de un Juzgado de lo Mercantil de Granada.

Cuando un Juez nacional tiene dudas sobre la interpretación y aplicación de una determinada norma comunitaria, como en este caso acerca de la «Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores», puede dirigirse al TJUE que tiene su sede en Luxemburgo.

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Pues bien, en un supuesto en el que el demandante y consumidor pretende la declaración de nulidad de una cláusula suelo incorporada a un contrato de préstamo hipotecario y la devolución de todas las cantidades abonadas al banco en aplicación de dicha cláusula (caso típico de reclamación por cláusula suelo), el Juez Mercantil de Granada, a la vista de las Sentencias dictadas sobre la cuestión por el Tribunal Supremo (como las famosas sentencias de 9 de mayo de 2014 o de 25 de marzo de 2015) y la disparidad de criterios entre las Audiencias Provinciales, ha preguntado al TJUE:

–  Si es compatible con el derecho de la UE que declarada la nulidad de una cláusula está mantenga sus efectos hasta la declaración judicial.

–  Si se pueden limitar los efectos de la nulidad y si el juez puede moderar los efectos de dicha nulidad.

El TJUE todavía no ha dictado sentencia, pero la Comisión Europea ha presentado alegaciones en las que mostrándose favorable a la «retroactividad» de los efectos de la nulidad, y propone al Tribunal que declare:

1) Que la interpretación de «no vinculación» que realiza el artículo 6.1. de la Directiva 93/13/CEE es incompatible con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la citada cláusula extiende sus efectos hasta la declaración de nulidad de la misma.

2) Que le cese en el uso de una determinada cláusula declarada nula como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no sería compatible con una limitación, salvo que aquello fuera necesario para preservar el principio de cosa juzgada.

3) Que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor, en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia.

De estimarse dicha interpretación, los tribunales nacionales que declarasen la nulidad de las cláusulas suelo, también tendrían que condenar a la devolución de todas las cantidades abonadas de más por el consumidor al banco (y no sólo desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo), siempre y cuando se reclame la devolución en la demanda.

La responsabilidad del vendedor y el fabricante

A proposito del caso de Volkswagen, he recibido consultas acerca de la responsabilidad de un vendedor o fabricante, en el supuesto de que el producto entregado no se ajuste a lo ofertado.

Si hemos adquirido un producto con unas características concretas, como por ejemplo un ordenador con una capacidad de almacenamiento en el disco duro de 500 Gb, pero que en realidad tiene una capacidad de sólo 200 Gb, es evidente que el vendedor nos han entregado algo «diferente» (y de inferiores prestaciones) a lo que venía obligado.

Nos encontramos ante un verdadero incumplimiento contractual del vendedor, que tan bien se define en la expresión popular que dice; «dar gato por liebre».

En el ejemplo anterior, dicha disconformidad entre lo publicitado y lo entregado puede ser más o menos fácil de advertir por un comprador medio, pero otras veces al comprador, especialmente en el caso de los consumidores y usuarios, que tienen un conocimiento limitado del producto, difícilmente podrán darse cuenta de esa falta de conformidad de lo entregado con lo contratado.

En el ámbito de protección de los consumidores y usuarios, al margen de la legislación específica de las Comunidades Autónomas en materia de consumo,  contamos a nivel estatal con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias.

La citada Ley declara que es obligación del vendedor entregar al consumidor y usuario productos que sean «conformes con el contrato», respondiendo el vendedor frente al comprador de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

¿Cuándo se considera que un producto no es conforme con el contrato?

a) Cuando no se ajuste a la descripción dada por el vendedor o no posean las cualidades que el vendedor haya presentado al consumidor como muestra o modelo.

b) Cuando no sea apto para los usos a los que se destinen productos del mismo tipo.

c) Cuando no sea aptos para un uso especial requerido por el consumidor al vendedor, siempre que éste haya admitido que el producto es apto para dicho uso.

d) Cuando no presente la calidad y prestaciones de un producto del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, de acuerdo con su naturaleza y, en su caso, con las declaraciones públicas sobre las características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.

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¿Qué acciones tiene el consumidor y usuario?

El consumidor y usuario en caso de disconformidad del producto tiene reconocidos los siguientes derechos frente al vendedor, todos ellos compatibles, además, con una reclamación por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionados; (1º) la reparación, (2º) la sustitución, (3º) la rebaja en el precio y (4º) la resolución del contrato.

Como regla general, el consumidor y usuario, ante la falta de conformidad de un bien, solo podrá optar entre (1º) reclamar al vendedor la reparación o (2º) la sustitución del mismo, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada respecto de la otra.

Es decir, no podremos optar, por ejemplo, por solicitar la sustitución (que parece mejor opción a priori que la reparación), si la sustitución comporta un coste mucho mayor y si además la reparación puede realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.

La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:

a) Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los productos con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.

b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario, habida cuenta de la naturaleza de los productos y de la finalidad que tuvieran para el consumidor y usuario.

c) La reparación suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el artículo 123. El período de suspensión comenzará desde que el consumidor y usuario ponga el producto a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor y usuario del producto ya reparado. Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.

d) Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos previstos en este capítulo.

e) La sustitución suspende los plazos a que se refiere el artículo 123 desde el ejercicio de la opción por el consumidor y usuario hasta la entrega del nuevo producto. Al producto sustituto le será de aplicación, en todo caso, el artículo 123.1, párrafo segundo.

f) Si la sustitución no lograra poner el producto en conformidad con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la reparación del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos previstos en este capítulo.

g) El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.

El consumidor podrá optar, a su elección, entre (3º) la rebaja en el precio o (4º) la resolución del contrato, en caso de que no pudiera exigirse la reparación o sustitución y, en los casos en que solicitada ésta, no se hubiera llevado a cabo en un plazo razonable, o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. Ahora bien, no se podrá optar por la resolución si la disconformidad es de escasa importancia.

La rebaja del precio será proporcional a la diferencia entre el valor que el producto hubiera tenido en el momento de la entrega (de haber sido conforme con el contrato) y el valor que el producto entregado tenía en el momento de dicha entrega.

La acción contra el fabricante.

La Ley también prevé la posibilidad de reclamar directamente al productor la sustitución o la reparación del producto, en los casos en que resulte imposible o suponga una carga excesiva para el consumidor reclamar al vendedor por la falta de conformidad del producto.

Todo lo anterior son las acciones que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario otorga a los consumidores y usuarios frente al vendedor y al fabricante, lo que no impide que los consumidores puedan reclamar por otras vias, como el saneamiento previsto en el Código Civil.