El Registro de la Propiedad Intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) contempla la existencia de un Registro General de la Propiedad Intelectual único en todo el territorio nacional, donde poder inscribir los derechos relativos a las obras y demás producciones protegidas por dicha Ley.

Debemos comenzar recordando que la propiedad intelectual (derechos de autor) de una obra de carácter literario, artístico o científico nace por el simple hecho de su creación, sin necesidad de su inscripción en ninguna clase de registro de la propiedad intelectual.

Por tanto, la inscripción de una obra en el Registro general de la propiedad intelectual es completamente voluntaria.

Registro Propiedad Intelectual

Vector diseñado por Freepik.
Si como hemos visto, el derecho del autor nace por la mera creación de la obra literaria, artística o científica y no por su inscripción; ¿qué sentido tiene que nos molestemos en inscribir nuestra obra en un Registro de Propiedad Intelectual?

La respuesta es que la inscripción permite dotarnos de un instrumento de protección de esos derechos derivados de la propiedad intelectual, pues la publicidad registral presupone, salvo prueba de contrario, la existencia de los derechos inscritos y la pertenencia a su titular.

Art. 145.3 Ley de Propiedad Intelectual.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.

Así, en caso de controversia, como por ejemplo un juicio por plagio, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual puede servirnos como prueba de la autoría de la obra.

En el registro pueden inscribirse o anotarse:

a)  Los derechos relativos a obras, actuaciones o producciones protegidas por la Ley.

b) Los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a los indicados derechos inscribibles.

Además existen iniciativas de Registros privados de propiedad intelectual, como Safe Creative (http://www.safecreative.org).

El derecho del consumidor al desistimiento

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario (LGDCU), transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico la normativa comunitaria, reconoce el derecho de los consumidores y usuarios que contraten a distancia o fuera del establecimiento mercantil a poder «desistir» de un contrato (salvo en los casos indicados expresamente en la Ley), durante un periodo de 14 días naturales, sin que se tengan que explicar los motivos de dicho desistimiento, y sin incurrir en coste distinto a los previstos en la Ley.

Desistimiento

Vector diseñado por Freepik.

El «desistimiento» comporta la facultad de un consumidor y usuario de desvincularse de un contrato suscrito con un profesional. Con ello, se busca proteger al consumidor frente a contrataciones «impulsivas», permitiéndole que en los días posteriores tenga la oportunidad de valorar serenamente los derechos y obligaciones contraídas.

Se trata, además, de un derecho «irrenunciable», lo que significa que serán nulas de pleno derecho todas aquellas cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio del citado derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.

Excepciones.

Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, existen excepciones previstas en la LGDCU, no siendo de aplicación el derecho de desistimiento a los siguientes contratos:

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

Plazo para el desistimiento. Especialidad en caso de no información previa al consumidor y usuario.

Con carácter general, el plazo que tiene un consumidor y usuario para ejercitar el derecho de desistimiento será de 14 días naturales, desde la celebración del contrato, aunque en el caso de compraventa de bienes,  ese plazo se contabilizará desde el momento de la entrega del bien.

En los «contratos celebrados a distancia» o «fuera del establecimiento mercantil» (tal y como sucede en la tienda «on line» de una web), si el empresario no ha informado al consumidor y usuario sobre su derecho al desistimiento, el periodo para desistir se extenderá durante 12 meses desde la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial (es decir, el consumidor y usuario podrá ejercitar su derecho durante 1 año y 14 días). Si en esos 12 meses posteriores el empresario facilitase al consumidor y usuario información, entonces el plazo de desistimiento expiraría a los 14 días naturales de la fecha en que fue informado.

El ejercicio del derecho.

Para ejercitar el derecho el consumidor y usuario tendrá que comunicar al empresario, dentro de los plazos previstos en la Ley, la decisión de desistir del contrato. Para ello el consumidor y usuario podrá utilizar el modelo que figura en el anexo B de la LGDCU o cualquier otro en el que se deje constancia inequívoca de la voluntad de desistir.

Es importante que el consumidor y usuario deje constancia del contenido de la comunicación y de su fecha de remisión al empresario (por ejemplo, a través de un burofax u otro procedimiento de certificación análogo), puesto que recae sobre el consumidor y usuario la carga de demostrar el ejercicio del derecho.

Las obligaciones del empresario y del consumidor y usuario en caso de desistimiento.

Comunicado en tiempo y forma el desistimiento, el empresario deberá reembolsar todos los pagos recibidos del consumidor y usuario (incluidos los costes de entrega), antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde que fuera informado del desistimiento. En caso de retraso injustificado en la devolución, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en los que excedan de dicha cantidad.

Por su parte, el consumidor y usuario tendrá que devolver los bienes sin demora y, en cualquier caso, en un máximo de 14 días naturales desde que comunicó el desistimiento.

Ahora bien, el empresario podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor y usuario haya presentado una prueba de la devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero.

 

Nulidad de la compra de acciones de BANKIA

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en pleno, acaba de pronunciarse a favor de la «nulidad» de la compra de acciones de BANKIA, suscrita por pequeños inversores, durante el proceso de «salida a bolsa» de la entidad en el mes de julio del año 2011.

ACCIONES BANKIA

Vector diseñado por Freepik.

El origen del problema.

Como es de sobras conocido, tras la integración a finales de 2010 de CAJA MADRID, BANCAJA, CAJA CANARIAS, CAJA ÁVILA, CAIXA LAIETANA, CAJA SEGOVIA y CAJA RIOJA, la entidad resultante de dicho proceso, BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS (BFA), decidió a su vez transmitir el grueso del negocio bancario, parabancario y financiero heredado de las citadas Cajas a una sociedad filial (BANKIA, S.A.).

En ese momento la sociedad matriz (BFA) era propietaria del 100 % de BANKIA, y sus gestores, con la intención de captar capital para el nuevo banco, decidieron la salida a bolsa del 55 % BANKIA, operación que se materializó en el marco de una Oferta Pública de Suscripción de Admisión y Negociación de Acciones (OPS) en el mes de julio del año 2011.

Las acciones de BANKIA fueron adquiridas por todo tipo de inversores, desde inversores cualificados o profesionales (a los que se les presume mayor conocimiento), a miles de pequeños ahorradores (sin especiales conocimientos), que invirtieron su dinero en BANKIA ante la apariencia de solvencia la nueva entidad.

Esa aparente solvencia se reflejaba en el «folleto informativo» confeccionado por BANKIA y registrado por ésta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, lo cierto es que en fecha 25 de mayo del año 2012 el grupo BANKIA tuvo que reformular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, pasando dicha entidad de contabilizar beneficios a importantes pérdidas por valor de 2.979 millones de euros, lo que conllevó el rescate financiero de la entidad y la nacionalización de la matriz BFA. En ese rescate con fondos públicos, el FROB acordó una será de acciones de recapitalización de la entidad, como la reducción del valor nominal de las acciones BANKIA que pasaron a valer 1 céntimo, con la consecuente pérdida para los accionistas.

La nulidad de la compra de acciones de BANKIA.

Pues bien, en la Sentencia, dictada el pasado 3 de febrero, el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de BANKIA y, por consiguiente, confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia que declaró la nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento de la suscripción-adquisición de las acciones, debiendo los reclamantes reintegrar dichos valores, con los rendimientos en su caso obtenido, con sus intereses legales a BANKIA y ésta devolver con intereses la cantidad abonada al suscribir las acciones. 

El Tribunal Suprermo se basa en las graves inexactitudes del folleto informativo de la OPV, único cauce informativo de que disponía el pequeño inversor.

«Y si resulta que dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia, es claro que la Audiencia anuda dicho déficit informativo a la prestación errónea del consentimiento, en los términos expuestos, sin necesidad de que utilicen expresamente los vocablos nexo causal u otros similares. Lo determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco (que provenía de la transformación de una caja de ahorros en la que tenían sus ahorros), se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia; de donde proviene su error excusable en la suscripción de las acciones, que vició su consentimiento.

(…)

En consecuencia, el nexo de causalidad era evidente, a la vista de lo que la sentencia razona, puesto que justamente el folleto se publica para que los potenciales inversores tomen su decisión, incluso aunque no lo hayan leído, puesto que el folleto permite una «diseminación» de la información en él contenida, que produce la disposición a invertir. En la demanda se afirmaba que los demandantes realizaron la inversión confiados en «que la entidad Bankia era una empresa solvente que iba a repartir beneficios», por lo que resulta obvio que si hubieran sabido que el valor real de unas acciones que estaban comprando a 3’75 euros era, apenas un 1% del precio desembolsado, no habrían comprado en ningún caso. Máxime, al tratarse de pequeños ahorradores que únicamente cuentan con la información que suministra la propia entidad, a diferencia de grandes inversores, o los denominados inversores institucionales, que pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria

Por consiguiente, se clarifica el camino para que los pequeños inversores que acudieron a la salida a bolsa puedan reclamar el dinero invertido, aunque BANKIA podría discutir el plazo que tienen para hacerlo (puesto que la acción de nulidad por vicios del consentimiento caduca a los cuatro años), dicho plazo debería computarse no desde el día de la compra de las acciones, sino como mínimo desde el momento en que BANKIA reformuló las cuentas y se manifestaron las inexactitudes, esto es, el 25 de mayo de 2012, por lo que los accionistas tendrían para reclamar hasta el 25 de mayo de 2016.

Si eres accionista de BANKIA desde QUINTA LEGAL podemos analizar tu caso. Contacta con nosotros sin compromiso.

El protocolo familiar en la empresa

Una parte de nuestro tejido empresarial lo componen las denominadas «empresas familiares», es decir, aquellas en la que la totalidad o una parte importante de la propiedad recae sobre los miembros de una misma familia, cuyos miembros intervienen en la gestión.

En realidad, al aludir al concepto de «empresa familiar» no nos estamos refiriendo a una forma de sociedad, puesto que la empresa familiar puede tener la forma de una sociedad anónima (S.A.), limitada (S.L.), etc,  rigiéndose por consiguiente por la misma normativa que cualquier sociedad de capital que no tenga la consideración de familiar.

La principal particularidad de la empresa familiar es la posibilidad de aprobar e inscribir en el Registro un «Protocolo Familiar«, que sirve para regular las relaciones presentes y futuras entre la familia propietaria y la sociedad.

Protocolo familiar

Vector diseñado por Freepik.

Podemos definir el protocolo familiar como; el conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares y, que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad.

Al igual que sucede con el conocido «pacto de socios» (o pacto parasocial) el protocolo familiar se trata de un «contrato», voluntariamente suscrito por las partes, que no tiene una forma concreta ni unos pactos predeterminados. Por tanto, la redacción del protocolo familiar dependerá, en cada caso, de las circunstancias concretas de la empresa y la propia familia.

En nuestro país tenemos varios ejemplos de empresas familiares muy antiguas que utilizan la figura del protocolo familiar para regular las relaciones entre la empresa, la propiedad y la familia, estableciendo por ejemplo los requisitos para que la siguiente generación pueda incorporarse a la empresa.

Una vez suscrito el protocolo familiar, en el caso de sociedades no cotizadas, éste se podrá publicar total o parcialmente en la web de la sociedad o en el Registro Mercantil, aunque la sociedad tendrá que recabar el consentimiento de las personas cuyos datos aparezcan en el protocolo, por exigencia de la normativa sobre protección de datos personales.

Igualmente, existe la posibilidad de dejar constancia en el Registro de la mera existencia del protocolo sin publicar su contenido.